El Acta de la Reserva Federal de 23 de diciembre de 1913 fue parte de la oleada de legislación progresista que el gobierno empezó a implantar a nivel local, estatal y federal en 1900. La tendencia progresista fue un movimiento bipartidista, que a lo largo de las primeras dos décadas del siglo XX, transformó la economía americana desde ser un sistema basado en el principio laissez-faire a un sistema centralizado controlado por el gobierno.

Hasta los años 60, los historiadores habían establecido el mito de que el movimiento progresista fue originado por los obreros y los campesinos quienes, guiados por una nueva generación de expertos altruistas e intelectuales, organizaron una firme oposición a la gran empresa con el fin de poner freno, regular y controlar lo que venía siendo un sistema de creciente monopolio a finales del siglo XIX. Toda una generación de investigadores, sin embargo, ahora han derribado este mito, y han revelado que la verdad era todo lo contrario.

Por contra, lo que realmente sucedió fue que las empresas se convirtieron en altamente competitivas a finales del siglo XIX, y algunos representantes del gran poder empresarial, liderados por una poderosa entidad financiera de J. P. Morgan y Compañía, desesperadamente estaban intentando establecer cárteles en el libre mercado. La primera oleada de dichos cárteles intentó tomar control del negocio a gran escala, los ferrocarriles. En todo caso, el intento de incrementar los beneficios, recortando las ventas mediante la implantación del sistema de cuotas, y por tanto subiendo los precios y las tasas, colapsó rápidamente debido a la competencia interna dentro de los mismos cárteles y la externa que provenía de los actores nuevos que deseaban frenar la influencia de los cárteles en el negocio.

Durante los años 90 del siglo XIX, el campo de influencia de los cárteles se fue ampliando hacia grandes empresas industriales, que intentaron controlar el nivel de los precios y reducir la producción vía fusiones, y otra vez más, en todos los casos, las fusiones fracasaban debido a nuevas oleadas de nuevos competidores. En los dos ejemplos, J. P. Morgan y Compañía tomó las riendas, y en ambos dos ejemplos, el mercado, presionado por las medidas proteccionistas del control de tarifas, consiguió anular aquellos intentos de monopolización.

Las grandes empresas comprendieron que la única manera de monopolizar la economía, una economía que les aseguraría el control permanente y altos beneficios, sería utilizar el poder del gobierno para establecer y mantener los cárteles por coerción; en otras palabras, transformar la economía basada en laissez-faire en un sistema centralizado, en el que el estado sea el único que tenga el poder de control. ¿Pero cómo los ciudadanos americanos, educados en una larga tradición de oponerse a los monopolios impuestos por el gobierno, pudieron haber estado de acuerdo con este programa? ¿Cómo la población consintió este Nuevo Orden?

Afortunadamente para los cartelistas, la solución a este desconcertante problema era fácil. ¡El monopolio pudo haber sido implantado en nombre de la oposición de luchaba contra el monopolio! De este modo, utilizando la retórica tan apreciada por los americanos, la forma de la política económica pudo haber sido mantenida, mientras que el contenido cambió por completo.

El monopolio siempre se definió, a nivel popular y entre los economistas, como “garantía del privilegio exclusivo” por parte del gobierno. Ahora su definición cambió a “gran empresa” o prácticas de negocio competitivo, como control sobre los precios, así que las comisiones reguladoras, desde la Comisión Interestatal de Comercio (ICC) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) hasta las comisiones de seguros estatales, fueron invadidas por los representantes de las grandes empresas procedentes de las industrias reguladas, todo esto fue hecho en aras de frenar “el monopolio de las grandes empresas” en el libre mercado.

De esta manera, las comisiones reguladoras podían subsidiar, restringir y fomentar cárteles en nombre de “la oposición al monopolio”, asimismo como promover el bienestar general y la seguridad de la nación. Otra vez más, fue el monopolio ferroviario el que abrió el camino.

Para afianzar su posición, los cartelistas necesitaban el apoyo de los intelectuales americanos, aquella clase de la opinión profesional que tiene una gran influencia en la sociedad. Los Morgans necesitaban una pantalla de humo ideológica para poder seguir con el apogeo del Nuevo Orden. Y otra vez más, afortunadamente para ellos, los intelectuales estaban listos y deseaban la nueva alianza.

El enorme crecimiento de intelectuales, académicos, científicos sociales, tecnócratas, ingenieros, trabajadores sociales, médicos y “gremios” ocupacionales de todo tipo a finales del siglo XIX llevó a la mayoría de estos grupos a buscar un trozo más grande de la tarta de lo que posiblemente les pudiese ofrecer la economía de libre mercado. Estos intelectuales necesitaban que el estado licenciase, restringiese y organizase sus negocios, con el fin de obtener mayores beneficios de los que ganaban los profesionales ya establecidos en estos campos.

A cambio de sus servicios de propagar la nueva ideología estatal, el estado estaba listo no solamente para proteger sus negocios, permitiendo cárteles, sino ofreciéndoles trabajos bien remunerados en el aparato burocrático para planificar y expandir la nueva idea de una sociedad controlada por el estado. Y los intelectuales estaban preparados para recibir estos favores, habiendo aprendido en las escuelas alemanas las glorias del estatalismo  y el socialismo orgánico, la armonía del “equilibrio” entre el laissez-faire del “perro come perro” por un lado y el marxismo proletario por el otro. El gran gobierno, participado por los intelectuales y los tecnócratas, dirigido por las grandes empresas, y ayudado por los sindicatos organizando las fuerzas laborales, impondría un sistema de bienestar en beneficio de todos.

Descontento con el sistema bancario

El primer intento de establecer el control estatal ocurrió en América durante la Guerra Civil, cuando el Congreso virtual de un solo partido después de la secesión del Sur obligó a los Republicanos a aceptar su tan preciado programa de control estatal en situación de guerra. La alianza de las grandes empresas y del gran gobierno con el partido Republicano se materializó en la subida del impuesto de la renta, los impuestos sobre productos como tabaco y alcohol, tarifas proteccionistas, y grandes subsidios a los terratenientes y al ferrocarril transcontinental.

El exceso de la construcción de los ferrocarriles llevó a los Morgan a fracasar en su intento de formar cárteles ferroviarios, y finalmente a la creación, promovida por Morgan y las empresas ferroviarias controladas por Morgan, de la Comisión Interestatal de Comercio en 1887. El resultado fue un declive sin precedente de los ferrocarriles, que empezó poco antes de 1900. El impuesto de la renta fue anulado por la Corte Suprema, pero reinstaurado durante el período Progresista.

Los sectores más intervenidos durante la Guerra Civil fueron los sectores financiero y bancario. La tendencia hacia el dinero fuerte y banca libre que fue conseguida durante los años 40 y 50 del siglo XIX fue anulada por dos medidas inflacionistas perniciosas adoptadas por la administración republicana. La primera fue el billete verde, que se devaluó a la mitad a mediados de la Guerra Civil. Estos billetes fueron reemplazados finalmente por el patrón oro debido a las presiones de los Demócratas, pero esto no pasó hasta 1879, 14 años después de que se acabara la guerra.

Y la segunda, más perjudicial, fueron las Actas de la Banca Nacional de 1863, 1864 y 1865, que impidió a los bancos, subsidiarios de los estados, o bancos “estales” emitir moneda implantando un impuesto prohibitivo, y luego monopolizó la emisión de la moneda en manos de los pocos grandes bancos, subsidiarios federales, o bancos “nacionales”, ubicados generalmente en Wall Street. En una típica situación de oligopolio, los bancos nacionales fueron obligados por ley a aceptar el dinero de otros emisores y demandar que se constituyan depósitos por el mismo valor en moneda de su propia emisión, cortando, de este modo, el proceso natural por el que el mercado libre se deshacía de la moneda débil emitida por los bancos inflacionarios.

De este modo, las instituciones de Wall Street respaldadas por el gobierno federal fueron capaces de controlar el sistema bancario, e inflar la oferta de dinero y de depósitos de manera coordinada.

Pero aún había problemas. El sistema de banca nacional era tan solo medio camino entre la banca libre y la banca centralizada controlada por el gobierno, y a finales del siglo XIX, los bancos de Wall Street empezaron a sentirse muy insatisfechos con aquella situación.

La centralización era limitada, y, por encima de todo, no existía un banco central que pudiese controlar la inflación y ejercer como prestamista de último recurso, rescatando a los bancos que estaban en problemas. Tan pronto como el crédito bancario comenzó a generar burbujas, los bancos empezaron a quebrar; las burbujas crediticias empezaron a generar recesiones, con los bancos forzados a reducir sus préstamos y sus activos para salvarse a sí mismos.

No solamente eso, sino después del golpe inicial perpetrado por las Actas de la Banca Nacional, los bancos estatales empezaron a crecer rápidamente de manera piramidal multiplicando sus préstamos y exigiendo depósitos en moneda emitida por los bancos nacionales. Estos bancos estatales, libres de requerimientos de capital, todo lo contrario que los bancos nacionales, florecieron durante los años 80 y 90 del siglo XIX y formaron una dura competencia para la propia banca nacional.

Posteriormente, St. Louis y Chicago ejercieron una creciente competencia a los bancos de Wall Street. Los depósitos bancarios de St. Louis y Chicago, siendo en 1880 los depósitos de St. Louis, Chicago y la ciudad de Nueva York de tan solo el 16%, crecieron hasta el 33% en total en 1912. Finalmente, las operaciones bancarias fuera de la ciudad de Nueva York, que era del 24% del total nacional en 1882, se incrementaron hasta el 43% en 1913.

Las quejas de los grandes bancos se resumieron en una palabra: “rigidez”.  El sistema bancario nacional, decían, carece de la “elasticidad” de oferta monetaria; es decir, los bancos no eran capaces de expandir la oferta de dinero y del crédito tanto como deseaban, particularmente en tiempos de recesión. En pocas palabras, el sistema bancario nacional no dejaba suficiente lugar para la expansión inflacionista del crédito por parte de los bancos nacionales.

A principios del nuevo siglo, la política económica de Estados Unidos fue dominada por dos grandes grupos: el grupo Morgan que empezó con la banca de inversión y después se expandió a la banca comercial, ferrocarriles, y participó en las fusiones de empresas manufactureras; y el grupo Rockefeller que empezó en el sector del refino de petróleo y luego se movió hacia la banca comercial, finalmente formando una alianza con Kuhn, Loeb Company en la banca de inversión y con Harriman en el sector ferroviario.

A pesar de que estos dos bloques financieros chocaban uno contra otro, ambos necesitaban un banco central. Aún así, el papel principal en la formación y desarrollo del Sistema de la Reserva Federal lo jugaron los Morgan, los Rockefeller y Kuhn, Loeb fueron muy entusiastas, prestando su colaboración en lo que consideraban una reforma monetaria esencial.

Inicio del movimiento “reformista”:
Convención Monetaria de Indianápolis

Las elecciones presidenciales de 1896 fueron un gran referéndum nacional sobre el patrón oro. El partido Democrático fue dominado, en su convención de 1896, por las fuerzas populistas, ultrainflacionistas y antioro, encabezados por William Jennings Bryan. Los tradicionales Demócratas, fieles seguidores del dinero fuerte y el patrón oro, o se quedaron en casa el día de las elecciones o votaron, por primera vez en su vida, a los odiados Republicanos.

Los Republicanos se caracterizaban como un partido de prohibiciones, partidarios de la inflación del dólar y oposición al oro. Pero desde principios de los años 90 con la coalición de Rockefeller, que mandaba en su estado de origen Ohio y el partido Republicano, decidieron abandonar silenciosamente la política de prohibiciones como un gran obstáculo para obtener votos del creciente bloque de los votantes alemanes afincados en América.

En verano e 1896, anticipando la derrota de los defensores del oro, los Morgan, que hasta ahora dominaban el partido Demócrata, empezaron a sacar provecho de la coalición de McKinley-Mark Hanna-Rockefeller a través de su joven sátrapa, congresista Henry Cabot Lodge. Lodge ofreció un trato al grupo de Rockefeller: los Morgan apoyarían la candidatura de  McKinkley al puesto de presidente, y los Demócratas se asegurarían que McKinley defendería el patrón oro. El trato fue sellado y muchos demócratas, defensores del dinero fuerte, pasaron al partido Republicano.

La naturaleza del sistema político americano ahora sufrió grandes cambios: lo que de antaño fue una lucha entre los Demócratas, por una parte, defensores del dinero fuerte, libre comercio y laissez-faire, y, por otra, los estatalistas Republicanos, partidarios de la inflación y el proteccionismo, con los Demócratas ganando el terreno despacio pero seguro en los años 90, ahora empezó a ser un sistema dominado por los Republicanos hasta las elecciones de la Gran Depresión en 1932.

Los Morgan formaban una fuerte oposición a la corriente bryanista, que no solamente era populista e inflacionista, sino también anti-banca de Wall Street; los bryanistas, al igual que los populistas de hoy en día, preferían el inflacionismo promovido por el Congreso a un proceso más sutil y más privilegiado, controlado por los bancos. Los Morgan, en cambio, favorecían el patrón oro.

Pero desde que el patrón oro fue asegurado con la victoria de McKinley en 1896, los Morgan empezaron a elaborar un sistema en el que el patrón oro serviría de camuflaje del dinero fuerte detrás del cual podrían cambiar el sistema a uno menos abiertamente inflacionista, lo que defendían los populistas, pero que permitía un control completo por parte de la élite bancaria. A largo plazo, el patrón oro manipulado por Morgan-Rockefeller fue mucho más pernicioso para el dinero fuerte que la cándida teoría del billete verde del bryanismo.

En cuanto McKinley fue elegido como presidente, los Morgan-Rockefeller empezaron a organizar un movimiento “reformista” para curar la “rigidez” de la moneda bajo el existente patrón oro y dirigirse lentamente hacia la figura de banco central. Para hacer esto, decidieron usar técnicas que habían empleado con éxito en promover los movimientos pro patrón oro durante los años 1895-1896.

El punto crucial fue evitar las sospechas públicas. Por tanto, el movimiento se enfocó a la parte del medio este, el corazón de América, y las organizaciones incluían no solo a banqueros sino también a empresarios, economistas, académicos que proveían un aire de respetabilidad, rigor y base técnica para la causa.

Según lo acordado, la implantación de la nueva reforma comenzó justo después de las elecciones en 1896. Hugh Henry Hanna, presidente de Atlas Engine Works de Indianápolis, quien aprendió tácticas organizativas durante el año que estuvo con el Union for Sound Money, en noviembre mando un memorando al Consejo de Comercio de Indianápolis, urgiendo medidas que debiera tomar un estado del este como Indiana para liderar la reforma monetaria.

Como resultado, las reformas se promovieron con más rapidez. Respondiendo al llamamiento del Consejero de Comercio de Indianápolis, los delegados de los consejos de comercio de 12 ciudades del este se reunieron en Indianápolis el 1 de diciembre de 1896. La conferencia convocó una gran convención monetaria para empresarios, que tendría lugar el 12 de enero de 1897 en Indianápolis. En esta convención estuvieron presentes representantes de 26 estados y Distrito de Columbia. La reforma monetaria ahora ya era oficial.

El influyente Yale Review hacía comentarios sobre la convención para evitar el peligro de que aparezcan hostilidades populares hacia los banqueros. Informaba que “la conferencia fue una reunión de empresarios en general más que de banqueros en particular” (citado en Livingston, 1986, p. 105).

Los que participaron en la convención pudieron haber sido empresarios, pero desde luego ellos no eran los fundadores del movimiento. La Convención Monetaria de Indianápolis de 1897 fue presidida por C. Stuart Patterson, decano de la Universidad de Pennsylvania y miembro del comité financiero del poderoso Ferrocarril de Pennsylvania, afín a Morgan. Al día siguiente de la apertura de la convención, Hugh Hanna fue nombrado presidente del comité ejecutivo, al que tenía que nombrar. El comité era encargado de actuar en nombre de la convención después de que se hubiese levantado la sesión.

El comité ejecutivo estaba formado por los siguientes líderes de sectores corporativo y financiero:

John J. Mitchell de Chicago, presidente del Illinois Trust and Saving Bank, director de los Ferrocarriles de Chicago y Alton, Ferrocarriles de Pittsburgh, Fort Wayne y Chicago, y de la Compañía Pullman, fue nombrado el tesorero del comité ejecutivo.

H. H. Kohlsaat, editor del Chicago Times Herald y del Chicago Ocean Herald,  miembro del consejo de administración del Instituto de Arte de Chicago, y amigo y consejero del hombre de Rockeffeler en política, el Presidente William McKinley.

Charles Custis Harrison, decano de la Universidad de Pennsylvania quien hizo su fortuna con las refinerías del azúcar en alianza con el poderoso Havemeyer (“Sugar Trust”).

Alexander E. Orr, un banquero de la ciudad de Nueva York del ámbito de Morgan, quien fue director de los Ferrocarriles de Erie y Chicago, Rock Island y Pacífico, del Banco Nacional de Comercio, y de la influyente editorial Harper Brothers. Orr también fue socio de una gran comercializadora de grano y director de varias aseguradoras.

Edwin O. Stanard, comerciante de grano de St. Louis, ex gobernador de Missouri, y ex presidente del Consejo Nacional de Comercio y Transporte.

E. B. Stahlman, propietario del Nashville Banner, comisionado del Ferrocarril del Sur y de la Asociación de Buques de Vapor, ex presidente de los Ferrocarriles de Louisville, New Albany y Chicago.

A. E. Willson, un influyente abogado de Louisville y futuro gobernador de Kentucky.

Pero los dos miembros más interesantes y más poderosos del comité ejecutivo de la Convención Monetaria eran Henry C. Payne y George Foster Peabody. Henry Payne era un líder republicano de Milwaukee y presidente de la Compañía Telefónica de Wisconsin dominada por Morgan, asociado con el aparato republicano afín a Spooner-Sawyer en la política de Wisconsin. Payne también defendía la industria de Milwaukee y los intereses bancarios, en particular como director de la Compañía de Norte de América, un holding industrial estatal encabezado por Charles W. Wetmore, financiero de Nueva York.

La Compañía de Norte de América era tan importante para los intereses de Morgan que el comité incluía a sus dos financieros. Uno era Edmund C. Converse, presidente del Liberty National Bank de Nueva York en el que Morgan tenía participación y quien pronto pasó a ser presidente de Bankers' Trust Company también de Morgan. El otro era Robert Bacon, socio de J. P. Morgan y Compañía, uno de los amigos más cercanos de Teodoro Roosevelt a quien Roosevelt posteriormente nombró secretario de estado.

Más tarde, cuando Teodoro Roosevelt llegó a la presidencia como resultado del asesinato de William McKinley, reemplazó al mandatario político de Rockefeller, Mark Hanna de Ohio con Henry C. Payne como Director General de Correos de Estados Unidos. Payne, el lugarteniente de Morgan fue designado a lo que era de aquella el mayor puesto político en el Gabinete con el fin de acabar con el poder de Hanna sobre el partido Republicano. Parece claro que reemplazar a Hanna con Payne fue el primer paso del asalto salvaje que pronto Teodoro Roosevelt lanzaría contra Standard Oil como parte de la guerra que estaba a punto de estallar entre Rockefeller-Harriman-Kuhn, Loeb y Morgan (Burch 1981, p. 189, n. 55).